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IMPUNIDAD MENEMISTA, CARLOS GROSSO Y LA VENTA DE UNA PLAZA PÚBLICA

6 junio, 2023

La causa penal en la que el ex intendente porteño Carlos Grosso está acusado por la venta a un precio vil de una plaza pública en las inmediaciones de la estación de trenes de Retiro en 1992, llegó a la Corte Suprema.Los abogados de Grosso, Germán Camps y Julián Schettini, presentaron un “recurso extraordinario federal” para que el máximo tribunal un fallo que denegó la extinción de la acción penal por la violación de la garantía a ser juzgado en un “plazo razonable”.

Cuando sucedió…

Los hechos ocurrieron en 1992, la denuncia fue formulada en 2000, fue elevada a juicio en 2016 y, desde entonces hasta hoy, no se pudo realizar el debate oral y público. En unas 40 páginas los abogados intentan defenderlo, más bien continuar con la impunidad, a favor del ex- funcionario menemista.

El caso es un fiel reflejo de Semanas atrás, la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de Grosso, quien está acusado en esta causa junto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al también ex intendente porteño Saúl Bouer. Hasta su muerte, también estuvo imputado el ex presidente Carlos Menem. Grosso

¿De qué trata el expediente?

El mismo analiza la venta de la plaza Salvador María del Carril, frente a la estación de trenes de Retiro, a un grupo empresario por 400 mil dólares -un valor ínfimo respecto de su precio de mercado- durante su gestión como intendente porteño. El expediente está a cargo del Tribunal Oral Federal número siete (el mismo que tiene asignada la Causa Cuadernos), que todavía no fijó fecha de debate.

Carlos Grosso, en junio de 2016 fue convocado por Mauricio Macri, presidente en aquel entonces.

Que alegan las partes…

El tribunal alega que, “la garantía de ser juzgado sin dilaciones indebidas y en un plazo razonable es incompatible para los funcionarios públicos, simplemente por su función”, por su parte la defensa de Grosso, alega que su caso marca la violación del “principio de igualdad ante la ley”, que establece que “todos los ciudadanos deben ser tratados de igual manera por la ley, sin importar su condición social, económica, de género, de raza, y en este caso, sin importar su cargo o función pública”. Finalmente la Corte Suprema no tiene plazos para tratar el planteo.

FUENTE: Diario.ar


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