El debate que se viene
El proyecto de ley aprobado por el Senado que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado al exterior, volverá a estar en la agenda de la Cámara de Diputados el miércoles de esta semana, en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que retomará el debate de la iniciativa.
El miércoles 1 de junio, se inició el tratamiento en la Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, con el testimonio de abogados constitucionalistas, funcionarios y economistas. De esta manera los legisladores retomarán el debate en el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto que preside Carlos Heller (Frente de Todos) y la de Legislación General, a cargo de Moreau, con la presencia de nuevos expositores.
¿Qué dice el texto del Proyecto de Ley?
Según establece el proyecto, el pago deberá efectuarse en dólares estadounidenses, con recursos que el sujeto posea en el exterior. A través del mismo, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar plazos de pago que podrán llegar hasta 12 meses y se dispone que las personas obligadas que no ingresen el pago deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas.
Los sujetos obligados que no realicen el pago podrán ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y/o en la Ley Penal Tributaria.
La iniciativa encomienda al Ministerio de Economía solicitar la colaboración del FMI para asistir a la Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra evasión fiscal, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos.
Asimismo, el proyecto también alcanzará a quiénes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la Argentina», para lo cual se propone también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
«Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada», señala el proyecto del oficialismo.
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