La propuesta surge de la Unión Industrial Argentina, que intenta instalar la posibilidad de no pagarle a los trabajadores/as si no presentan el certificado de vacunación. La aceptación y rechazo, es transversal a todas las posturas que derivan de los temas de la pandemia.
Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina, fue quien encendió el debate, manifestando: «Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración».
La propuesta generó un polémica rápida y enorme, y desde todos los sectores hay posturas contradictorias. Entre referentes políticos afines al gobierno sostienen que es una extorsión a las y los trabajadores, como Hugo Yaski, secretario general de la CTA. Mientras que algunas voces que apoyan la medida, creen que los antivacunas son como un borracho manejando un vehículo, donde es muy posible que causen daños a los demás.
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