En un comunicado, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, afirmó que se aportaron nuevos elementos a la causa que investiga un posible contrabando de armas y municiones para apoyar al golpe militar que irrumpió la democracia en Bolivia.
El fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, informó hoy que los nuevos elementos presentados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, en su ampliación de denuncia del 23 de julio pasado, “permiten robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada” al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.
En su nueva presentación, Frederic, Soria y Marcó del Pont dieron cuenta sobre el hallazgo en depósitos de la Policía de la República Plurinacional de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo contrabando investigan el fiscal Navas Rial y el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, Javier López Biscayart, al tiempo que aportaron documentación oficial interna que reforzaría dicha hipótesis. Asimismo, sostuvieron que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, y que para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con el argumento de que el fin del armamento era “la seguridad y protección del Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma», y que para justificar el desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.
El pasado 16 de julio, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó al entonces presidente de la Nación Mauricio Macri; a sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
Ahora, al intervenir en la ampliación de denuncia, el fiscal Navas Rial reseñó las nuevas pruebas remitidas por los denunciantes, extendió la imputación oportunamente formulada al entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Héctor Caliba, “en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado” y señaló “que la acción penal que emerge de los hechos descriptos en mi anterior dictamen abarca a los sucesos que ahora se revelarían con más detalle (y con apoyo en nuevos elementos)” por lo que consideró “que la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”. También, consideró que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la Fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.
Info: Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal.
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