El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich fue declarado nulo por la justicia federal. Así lo determinó un fallo del juez Martín Cormick, a cargo de una causa en el juzgado 11, frente al reclamo de distintas organizaciones que impugnaron hace casi dos años el marco represivo contra la protesta social del gobierno de Javier Milei. La pregunta que vale hacerse si la justicia tardía, lenta es justicia.
El magistrado falló contra la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, que Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.
La sentencia judicial se conoce tres semanas después de que el fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda cuestionara la falta de fundamentos válidos del Gobierno para dictar el protocolo antipiquetes.
La acción colectiva pidió que se declare la inconstitucionalidad del protocolo al entender que atenta de manera directa contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión, garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos.
Recordemos que el protocolo se ejerció en marcha de los jubilados de los miércoles, avanzando sobre abuelos pero también sobre periodistas y reporteros gráficos, trabajadores, personas con discapacidad.
La ferocidad de la represión quedó ejemplificada en el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año, cuando recibió en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal por un gendarme.
El saldo del protocolo de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a casi 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos años exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este año.
