LA REPRESIÓN: UNA POLÍTICA DE ESTADO
Plaza de Mayo, 30 de abril de 1977. Catorce mujeres con pañuelos blancos en la cabeza empiezan a caminar en círculos porque la policía les prohíbe quedarse quietas. Una de ellas es Azucena Villaflor. No sabe que en diciembre de ese año va a ser secuestrada en la puerta de su casa, el lugar más íntimo, y va a terminar en el mar, el lugar más anónimo. Entre esos dos lugares, el Estado desplegó todo su aparato de terror.
El 10 de diciembre de 1977, un grupo armado clandestino de la Armada Argentina interceptó a Azucena Villaflor en la esquina de su casa, en Sarandí, Avellaneda. Tenía 53 años, era costurera. La introdujeron por la fuerza en un auto y se la llevaron. Su único delito había sido salir a buscar a su hijo desaparecido. Azucena no era una combatiente, no integraba ninguna organización armada, no representaba ninguna amenaza para nadie. Era una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, una mujer que había decidido hacer pública su desesperación en lugar de enmudecer de miedo. Para la dictadura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, esa valentía bastaba para condenarla al mismo destino que su hijo: la desaparición.
Fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura del país. La recluían en el «altillo», el sector reservado para aquellos prisioneros que nunca debían aparecer. Esa misma noche fue torturada. A los pocos días, fue «trasladada». El eufemismo burocrático con el que los represores nombraban el paso siguiente: sedada, subida a un avión de la Marina en el aeropuerto militar del sur del Aeroparque, y arrojada viva al mar frente a la costa de Santa Teresita. Murió al chocar contra el agua.
Esto no fue un exceso, no fue el acto de un grupo de militares descontrolados. Fue una política. Tuvo nombre, tuvo planificación logística, tuvo cadena de mandos. Los vuelos de la muerte fueron un método deliberado de exterminio y desaparición de cuerpos, diseñado para que no hubiera pruebas, para que las familias no pudieran llorar a sus muertos porque sus muertos no existían. El terrorismo de Estado no es un concepto ideológico: es la descripción técnica de lo que ocurrió. Azucena Villaflor fue identificada recién en 2005, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense logró determinar que algunos de los restos encontrados en las costas bonaerenses de Santa Teresita y Mar del Tuyú en diciembre de 1977 y, enterrados por las autoridades como NN, eran suyos.
EL TERRORISMO DE ESTADO
Se define como terrorismo de Estado a la utilización deliberada y política de los medios del Estado en forma clandestina para amenazar, secuestrar, asesinar y torturar a sus habitantes, dejándolos en una situación de absoluta indefensión.
María Teresa Piñero, doctorada en Derechos Humanos, nos explica que el esquema sistemático de la represión ilegal contenía cuatro instancias: el secuestro, la desaparición forzada, la tortura y el “traslado”. Los secuestros se basaban en operativos realizados generalmente de noche con gran despliegue de violencia, a menudo en los domicilios o lugares de trabajo, tras declarar «zona libre» para evitar la intervención de otras fuerzas de seguridad. La desaparición forzada se caracterizaba por una situación donde las víctimas eran aprehendidas y luego se les negaba sistemáticamente su detención, haciendo fracasar cualquier recurso legal. La tortura era empleada de forma sistemática para extraer información y «ablandar» a los detenidos; incluía métodos como el shock eléctrico («picana»), asfixia por inmersión («submarino») y tratos degradantes. Los “traslados” eran un eufemismo utilizado para encubrir el asesinato final de las víctimas, que podía ejecutarse mediante los «vuelos de la muerte» (arrojar personas vivas al mar desde aviones) o ejecuciones fraguadas como enfrentamientos.
«Los vuelos de la muerte fueron un método deliberado de exterminio y desaparición de cuerpos, diseñado para que no hubiera pruebas, para que las familias no pudieran llorar a sus muertos porque sus muertos no existían»
MARTÍN BELLOTTI.
Pero con sólo comprender la metodología de un sistema de detención, muerte y desaparición no es suficiente. El objetivo de la dictadura militar argentina fue llevar a cabo una política de represión, a tiempo que aspiraba a refundar las bases materiales de la sociedad. Como Maristella Svampa nos relata en La sociedad excluyente, el Proceso de Reorganización Nacional tuvo dos frentes:
“Mediante el terrorismo de Estado, apuntó al exterminio y disciplinamiento de vastos sectores sociales movilizados; por otro lado, puso en marcha un programa reestructuración económico-social que habría de producir hondas repercusiones en la estructura social y productiva. La lógica de acumulación desencadenada por este proceso está centrada en la valorización financiera. Fue sentando las bases de un sistema de dominación centrado en los grandes grupos económicos nacionales y los capitales transnacionales. El proceso de desindustrialización iniciado por la dictadura militar produjo importantes cambios en la estructura social argentina, anticipando su “latinoamericanización”, a través de la expulsión de mano de obra del sector industrial al sector terciario y cuentapropista, y la constitución de una incipiente mano de obra marginal.”
¿POR QUÉ IMPORTA HOY?
¿Qué significa Memoria, Verdad y Justicia cuando hay sectores que cuestionan el número de víctimas, cuando hay funcionarios que relativizan los crímenes y cuando el negacionismo gana espacio público? El recuerdo, la intolerancia y el castigo no deben ser acciones temidas ni avergonzantes. Recordar la dictadura sucedida entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983 no debe ser sólo el acto de cierto espacio político o cierta posición ideológica, debe ser el consenso central de la sociedad argentina; el por qué de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo no debe ser oculto ni menospreciado, el informe de la CONADEP debe ser difundido, leído y enseñado, tanto como deben ser enseñados el Juicio a las Juntas y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
«No tolerar a aquellos que, pecando de ignorancia o crueldad, insultan y desprecian las luchas por la democracia, aquellos que discuten cifras como si fuesen las de una planilla de Excel, sin contenido en la realidad, aquellos que sostienen que los crímenes que perpetuó el Estado sólo fueron parte de una guerra o parte de un contexto en el que existían “dos demonios”. Que no quepa duda que “después del 24 de Marzo de 1976, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política y de reivindicaciones sociales.” (Martín Kohan)
Castigar a los responsables de los atroces crímenes debe ser menester. El castigo necesita ser justo y dentro de la ley, aún para aquellos que disfrutaban de la ilegalidad y la usaban a gusto, para sus inmoralidades y brutalidades. Los responsables y cómplices de la última dictadura militar deben ser sentados ante la Justicia y pagar por sus hechos.
«¿Qué significa Memoria, Verdad y Justicia cuando hay sectores que cuestionan el número de víctimas, cuando hay funcionarios que relativizan los crímenes y cuando el negacionismo gana espacio público?»
MARTÍN BELLOTTI.
“La Justicia sostiene ininterrumpidamente desde 2001 que el accionar represivo del Estado durante la dictadura cívico-militar constituye crímenes de lesa humanidad y en consecuencia imprescriptible; y que hay un deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas. Ninguno de esos elementos se aplica a estos hechos cometidos por organizaciones políticas, como ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diferentes tribunales en esta y otras causas. Este tipo de denuncias intentan equiparar el terrorismo de Estado con la actuación de organizaciones políticas y volver a instalar la “teoría de los dos demonios” para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, torturaron, abusaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de cientos de niños y niñas.” (Ministerio de Justicia, Subsecretaría de Derechos Humanos)
No debemos retroceder ante el avasallamiento de quienes esperan imponer un relato parcial acorde a sus intenciones, no debemos abandonar la investigación de lo sucedido y de las repercusiones que, aún a día de hoy, mantienen heridas abiertas.
