El abogado Gregorio Dalbón presentó ante el juzgado de Ariel Lijo, una denuncia contra la actual senadora nacional Patricia Bullrich y su hijo Francisco Langeri Bullrich, fundador y dueño de la cadena “Tostado Café” por lavado de activos.
La presentación judicial también apunta contra Fernando Goijman, el fundador y socio minoritario de dos de las empresas bajo la mira: Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. Según la presentación de Dalbón a la justicia e impulsada por una investigación periodística, la cadena Tostado tiene 70 locales en el país, declararía más de 63 millones de dólares anuales y, al mismo tiempo, acumula cheques rechazados.
Además, la denuncia señala que una de las sociedades dueña de los cafés tiene domicilio en la casa de la propia ex ministra de Seguridad, en Beruti al 3800. Sin embargo, la cadena no solo tiene decenas de locales en el país, sino que también está presente en Uruguay, Brasil, Estados Unidos y España.
“En este caso, lo que se puso en conocimiento de la Justicia es un entramado de relevancia penal que exige una investigación integral, especialmente en lo referido a los vínculos familiares con la firma Tostado y la eventual utilización de estructuras para encubrir responsabilidades. Se le acaba la impunidad a Bullrich”, afirmó el abogado en diálogo con Perfil. Dalbón explicó que “Langeri, hijo de la senadora, aparece vinculado a una red de más de 70 bares y locales gastronómicos operados a través de distintas razones sociales y esquemas de franquicias registrados como Tostado Franquicia S.A. y Tostado Brandig S.A.”.
El abogado de Cristina Fernández de Kirchner remarcó que «dicha expansión empresarial se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin que existan antecedentes públicos de capital inicial, financiamiento bancario relevante ni trayectoria empresarial previa que expliquen razonablemente ese crecimiento”.
A su vez, resaltó que, a pesar de las abultadas declaraciones de las firmas, las compañías acumularon cheques rechazados por falta de fondos; hecho que según el abogado «podría indicar desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia”
