Fueron ocho meses de audiencias que tensionaron al máximo la democracia recuperada en 1983, el 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal de Apelaciones dictó la sentencia contra los comandantes.
El juicio tuvo un gran apoyo, con los organismos de Derechos humanos a la cabeza, y un profundo impacto social: era la primera vez que una dictadura saliente de nuestro país era juzgada por sus crímenes. El objetivo buscado por Raúl Alfonsín era consolidar la naciente democracia sobre la base de la justicia e intentar romper “el ciclo histórico de la impunidad”
El presidente Raúl Alfonsín llegó al gobierno, tras 10 años sin elecciones, y la atroz dictadura militar, (1976-1983), con la promesa de enjuiciar a los militares (a partir de una propuesta de los juristas Carlos Nino y Jaime Malamud Goti), y entre sus primeras medidas de gobierno estuvieron el rechazo a la amnistía militar y el decreto para investigar a las tres primeras juntas militares.
Los camaristas fallaron de manera unánime para condenar a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera a reclusión perpetua, a Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión, a Roberto Eduardo Viola a diecisiete años, a Armando Lambruschini a ocho años; y para absolver a Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
En aquel día el juicio se interrumpió una sola vez cuando Hebe de Bonafini fue echada del recinto por un pequeño gran gesto: en el momento de las absoluciones, se colocó en la cabeza el pañuelo blanco de las Madres, que era considerado por el tribunal como un símbolo político.
Este juicio, fue el primer antecedente contemporáneo en el que un Tribunal integrante del Poder Judicial de una Nación juzgaba y condenaba a los máximos responsables de los crímenes cometidos por una dictadura militar. A diferencia de Nüremberg —presidido por un tribunal y un fiscal internacional designados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra—, el Juicio a las Juntas fue íntegramente obra de jueces argentinos, funcionando en plena institucionalidad democrática.
Las palabras que quedaron en la historia fueron las del fiscal principal Juan Carlos Strassera, muy conciente de la compònenda judicial, (la casta) que inicialmente eran reacia a sentar al banquillo de los acusados a los militares. “Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: NUNCA MÁS”. A su lado estaba un jóven fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo. El tribunal de la Cámara Federal Criminal y Correccional que atendía la causa 13/84 estuvo conformado por el Presidente del tribunal, León Arslanián, junto a Ricardo Gil Lavedra, Jorge Toriasco, Andres D´Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz.
Días después el fiscal Strassera expresó, “Hubo un tribunal que dijo que acá hubo un plan criminal implementado por las más altas autoridades militares, eso es importante porque ahora ya nadie puede decir que esto no existió”, dejando claro el escenario en palabras que sirven para nuestros días, frente al discurso negador del gobierno nacional.
A posteriori vendrían las presiones de los militares carapintadas, los tanques en la calle en semana santa y las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1987), sin embargo la valentía de los organismos de derechos humanos, Madres, y Abuelas de Plaza de Mayo, junto a la determinación de Raúl Alfonsín y una parte del Poder Judicial, instituyen la piedra basal democrática, de una Argentina que no debe olvidar, y que se asienta sobre la Memoria, Verdad y Justicia; a 40 años, argentinos y argentinas Nunca Más.
