El gobierno nacional está tratando oficialmente la denominada Ley de Modernización Laboral— está siendo tratada en el Congreso en sesiones extraordinarias y provocó protestas masivas de sindicatos y sectores sociales. Aunque el Ejecutivo la presenta como una forma de “modernizar” la legislación y generar empleo formal, varios de sus puntos han sido criticados por organizaciones obreras por precarizar condiciones laborales y debilitar derechos básicos de los trabajadores.
Las 5 claves por la cuáles, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales la rechazan son estas,
Extensión de la jornada laboral y banco de horas
Una de las propuestas más discutidas es la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta 12 horas mediante un mecanismo de “banco de horas”, donde las horas extra no se pagan como tal sino que se compensan con tiempo libre en otros turnos.
Esto elimina el pago de horas extras y flexibiliza los tiempos de descanso, lo que puede traducirse en jornadas más largas y desgaste físico y mental para los trabajadores sin mejoras proporcionales en ingresos.
Reducción de derechos indemnizatorios
El proyecto impulsa un nuevo esquema de indemnizaciones: en lugar de los pagos tradicionales por despido, se propone un Fondo de Asistencia Laboral financiado por aportes de empleadores.
Aunque el Gobierno afirma que esto simplifica el sistema, sindicatos advierten que reduce el monto efectivo recibido por los trabajadores al despedirse, precarizando la protección frente a cesantías.
Debilitamiento de la negociación colectiva
Un punto crítico es la prioridad de acuerdos a nivel empresa por sobre acuerdos nacionales o sectoriales. Esto reduce el poder de los sindicatos grandes y consolidados, ya que las cláusulas generales podrán ser reemplazadas por acuerdos menos protectores firmados en cada empresa.
Sindicatos como la CGT sostienen que esto erosiona uno de los pilares de la defensa laboral: la negociación colectiva.
Limitaciones al derecho de huelga y actividad sindical
El proyecto contempla restricciones más estrictas al derecho de huelga, incluyendo exigencias de niveles mínimos de servicio en sectores considerados esenciales, y sanciones por medidas de fuerza consideradas “muy graves”.
Esto reduce la capacidad de los trabajadores organizados para presionar en reclamos colectivos, algo que justamente fortalece la posición empresarial frente a conflictos laborales.
Precarización de diferentes formas de trabajo
La reforma también incorpora cambios en la definición de relaciones laborales, excluyendo a ciertos trabajadores (como quienes operan bajo plataformas digitales o como “independientes”) de la protección plena de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esto significa que nuevas formas de empleo pueden quedar fuera de garantías como remuneración mínima, cargas sociales o estabilidad, profundizando la precariedad en sectores que ya sufren condiciones inestables.
¿Por qué sindicatos y trabajadores se oponen?
La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical, publicó un comunicado alertando que el proyecto “no resuelve los problemas del trabajo, solo los agrava”, y llamó a los legisladores a actuar con responsabilidad, señalando la importancia de mantener derechos laborales básicos.
En las calles, miles de personas marcharon y se registraron fuertes protestas —incluyendo choques con la policía frente al Congreso— denunciando que la reforma amenaza conquistas de décadas y favorece el poder empresarial sobre la fuerza de los trabajadores.
Conclusión
Lejos de ser una simple actualización normativa, la reforma laboral en discusión en Argentina tiene implicaciones profundas para trabajadores formales e informales. La posibilidad de jornadas más largas, menos indemnizaciones, sindicatos debilitados y formas contractuales precarias conforma un paquete de medidas que, según sectores obreros, empuja la legislación hacia condiciones menos protectoras y más desiguales.
