Por estas Javier Milei dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención como querellante en la causa contra el expresidente por supuesta defraudación al Estado, apenas días después de que María Eugenia Capuchetti archivara el proceso, luego de años sin avances. Con US$44.500 millones, fue el crédito más grande de la historia del organismo multilateral.
La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo bajo el mandato de Alberto Fernández, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.
Este «olvido» de la causa al archivarla es una ventaja más que recibe Mauricio Macri, recordemos que la Corte Suprema de Justicia lo sobreseyó de la causa del ARA SAN JUAN, y por supuesto al caer este expediente que marcaba la administración fraudulenta, al tomar semejante préstamo, logra el salvataje de dos funcionarios de esta gestión que estaban en aquel momento, Luis Caputo, el actual Ministro de Economía y Federico Sturzenegger flamante Ministro de desregulación.
La decisión de la jueza es polémica, María Eugenia Capuchetti, concluyó que los hechos denunciados no constituían delitos sino “discrepancias con decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias” y que esas decisiones “no pueden ser objeto de reproche penal, ya que forman parte del ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica y los efectos macroeconómicos adversos no permiten reconducir, por sí solas, estas decisiones al ámbito del derecho penal”.
La medida de apartar al Estado de la querella realizada por Javier Milei salió publicada en el Boletín Oficial decreto 87/2026 con las firmas del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En sus considerandos, se argumenta que la Procuración actuó de forma excepcional en el proceso penal y que su intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica. Ayer jueves el fiscal Picardi apeló la decisión de la jueza Capuchetti, consideró la decisión de la jueza como “arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas”.
Además expresa el fiscal en su escrito,
«Las pruebas aunadas develan un conjunto de acciones direccionadas que, analizadas de manera integral, permiten observar y reconstruir un posible entramado delictivo muy tangible, conformado por etapas y acciones concretas emparentadas con la violación de normativa a la que se encontraban obligados como funcionarios públicos para la toma de deuda pública; las falsedades en torno al destino y uso de los fondos solicitados al FMI; la administración ruinosa de los fondos obtenidos, generando una deuda insostenible para el beneficio de un reducido grupo privado concentrado con posibles relaciones y/o vínculos con los decisores públicos» .
También en la causa estaban imputados Guido Sandleris, y el ex- Ministro de Economía, Nicolás Dujovne, otros de los protagonistas de otra etapa de endeudamiento delictivo durante el gobierno de Cambiemos, que condicionó el futuro, y que incluso violó las normativas del propio Fondo Monetario Internacional.
