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La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó este lunes que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación.
Sin embargo, aún queda un recurso la Argentina puede apelar ante el tribunal superior en Estados Unidos. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Capital, de Estados Unidos.
Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo, según recuerda el asesor financiero Sebastián Maril.
os demandantes quedaron habilitados para pedir el embargo de activos por el fallo de Preska. Uno de ellos era el 51% de la petrolera que está en manos del Estado. El otro 49% es privado, cotiza en bolsa. Un año y medio después la jueza tomó la decisión. La pregunta sería quien defiende los intereses de la Argentina en esta última instancia que se juega el destino de la petrolera nacional.