El último Jueves 12 el Frente de Todos presentó un proyecto de Juicio Político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un juicio a los cuatro integrantes del máximo tribunal de Justicia, la acusación recae sobre el Presidente Horacio Rosatti, el Vicepresidente Carlos Rosenkrantz, y los Ministros, Julián Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El fundamento central del juicio político dice, «En tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
La iniciativa desarrolla a lo largo de sus 84 páginas los antecedentes en los que se funda el pedido de remover a los magistrados, detalla las conductas reñidas con sus funciones en las que incurrieron y consigna quiénes, además de los propios supremos en su condición de acusados, deberían comparecer como testigos al cabo del proceso previsto en la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados.
Recordemos que el vocero de Hernán Rosatti, se comunicaba días antes del fallo de la coparticipación con Horacio Rodríguez Larreta, fallo que favoreció al Intendente de la CABA restituyéndole, una suma que había establecido Mauricio Macri a favor de la ciudad más rica del territorio, por el traspaso de la policía.
Y el más notorio fue la reunión de funcionarios de CABA, el secretario de seguridad, Mauricio D’ Allesandro, el jefe de seguridad, el Ceo de Clarín Jorge Rendo, un servicio de inteligencia, y jueces federales, entre ellos Julián Ercolini, en Lago Escondido la mansión de Joe Lewis, el magnate británico. Esto días antes del fallo que condenara a Cristina Fernández, en un claro cruce de intereses, y contraria a la división de poderes, base de la institución republicana.
Por ello en los dos puntos básicos de la acusación, se dice,
-La acusación contra los supremos es «por mal desempeño», en base al artículo 53 de la Constitución Nacional.
-Además se afirma que, los últimos fallos de la Corte sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, dejan “en riesgo” al estado de derecho y “afectan seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.
Veremos que camino sigue en el Congreso el Proyecto, y como todo funcionario público si este avanza, los jueces tendrán que responder por su accionar, y sus funciones de desempeño por lo menos dudoso, reñido por la ley.
Información: Diario Página 12
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