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Durante agosto, septiembre y noviembre de 2024, las topadoras desmontaron unas 60.000 hectáreas de Bosque Nativo, y en octubre el fuego arrasó con 80.000 hectáreas en Córdoba, y esto tiene sintonía con lo que ocurrió en el primer semestre del año anterior. El gobierno de Javier Milei cumplió con el permiso otorgado por el Congreso con la aprobación de la Ley Bases y disolvió a través del decreto 888/2024 el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Medio centenar de organizaciones dejaron claro que implica la medida, la derogación tácita de un capítulo completo de la Ley de Bosques. Por su parte el Fondo Fiduciario ordenaba el sistema de incentivos públicos y privados para la preservación de bosque nativo en cada provincia. La decisión, en aras del déficit fiscal cero, representa solo el 0,0077 del Presupuesto 2025. Y abre la puerta a demandas locales e internacionales por el incumplimiento con los acuerdos sobre cambio climático.

Así la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) había advertido, “Este decreto implica que la Argentina se quede sin herramientas para compensar a las provincias y a aquellos privados que hacen un esfuerzo para mantener los bosques nativos en pie, poniendo en altísimo riesgo a la biodiversidad y a los medios y modos de vida de las personas que habitan y dependen de estos ecosistemas”.
Frente a lo que está sucediendo en El Bolsón, el incendio que avanza sobre 2700 hectáreas incluyendo a personas que pierden su hogar, es necesario entender el peligro de desfinanciar áreas estatales, en un tema delicado y que compromete a personas, bienes, además de la biodiversidad, la destrucción de la flora y la fauna.